Comunidades Indígenas del Pueblo Diaguita Cacano y comunidades campesinas,
del departamento Atamisqui, que conforman la Unión Solidaria de
Comunidades (USC) integrante del Frente Nacional Campesino (FNC),
denunciamos los gravísimos hechos que amenazan tanto nuestra seguridad
como nuestros derechos más elementales, a partir de la presencia de
empresarios vinculados a la firma Genética del Este S.A. en la región:
Denunciamos el accionar del personal policial de la seccional 20 de Villa
Atamisqui, particularmente en las personas del subjefe, of. Leiva, del of.
Enriquez y, del cabo Juan Carlos Torres, este último del destacamento
policial de Hoyón; los cuales, han generado graves situaciones de
inseguridad jurídica y física contra integrantes de comunidades indígenas
y campesinas en diferentes actuaciones, poniendo las mismas al servicio de
los intereses de estos empresarios y personal de los mismos (Elizabeth
Mireya Freidenberg, Juaire, Sebastián Peuser, etc.).
La detención sufrida por Santos Acosta y Hubaldo Rojas, de la comunidad de
Toro Uman, el pasado jueves 20 a cargo de una patrulla policial integrada
por seis miembros (entre los que se hallaba el citado Juan Carlos Torres)
encabezada por el of. Enriquez, enviada por el of. Leiva, sin ningún
respeto por derechos consagrados legalmente; ingresaron a un domicilio
particular sin orden de allanamiento, abordaron a Rojas y Acosta, y cuando
estos preguntaron porqué estaban siendo detenidos, son agredidos
físicamente, esposados y arrastrados hasta el móvil policial. En el mismo
procedimiento requisaron el vehículo particular de Acosta sin orden
judicial y sin nombrar testigos, luego son trasladados a la seccional de
Villa Atamisqui recibiendo en el trayecto amenazas, donde permanecen hasta
el lunes 24. En el período de detención son torturados psíquica y
físicamente por el subjefe de la seccional, Leiva, quién golpeaba a uno de
ellos gritándole "¡Así que vos sos indio!" acusando a ambos de haber
cortado el alambrado de la empresa. La misma empresa para la cual están
al servicio el Cabo Torres y a varios integrantes de su familia,
desempeñando diversas tareas, incluyendo las de seguridad.
También personal de esta seccional, y en el marco del mismo conflicto que
la empresa mantiene con las comunidades, sometió a tratos discriminatorios
y ofensivos a Reina Coronel, de la comunidad indígena de Codo, en
oportunidad de haber ido a denunciar que había sido agredida físicamente a
latigazos y patadas por personas allegadas a los intereses de estos
empresarios. En lugar de ser tomada la denuncia fue encerrada y amenazada
en la seccional junto a uno de sus agresores. Este hecho a motivado la
presentación de un Habeas Corpus en el Superior Tribunal de Justicia.
En la misma seccional se produce la privación ilegítima de la libertad
también de Enrique Sequeira y su padre, Nemesio Sequiera, pertenecientes a
la comunidad indígena de Puncu Atun (Puerta Grande), por negarse a
autoincriminarse o denunciar a terceros en una de las causas penales que
la empresa sigue contra las comunidades. Por este hecho tomó intervención
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Este personal policial, en forma sistemática, desde el incio del conflicto
abierto por Genética del Este S.A., hostiga a niñas y niños de las
comunidades fotografiándolos, pidiéndoles datos personales o de sus
padres; acosa a ancianos, etc.; generando un clima de miedo, inseguridad y
hostilidad.
Denunciamos a quien dice llamarse Sebastián Peuser, quien actúa como
encargado de la empresa, quien a su vez se presenta a si mismo como
secretario privado de la Senadora Nacional Ana de Capellini. Esta persona
se presenta en la Escuela de Codo, ubicada en la comunidad indígena de
Codo, para denunciar (ante la presencia de niños) que menores encapuchados
cortan los alambres. Declara que después del 30 de noviembre, fecha
electoral, van a "declarar la guerra" a campesinos e indígenas. Agravia,
calumnia y amenaza tanto a miembros de las comunidades como a técnicos que
realizan tareas de apoyo a éstas. Hizo envenenar pasturas y sembrados con
la intención de que los pobladores retiren sus animales de las posesiones
que legítimamente reclaman, teniendo este último hecho como consecuencia
la contaminación del canal de Hoyón que abastece de agua para consumo
humano y animal a las comunidades de Toro Uman, Hoyón, Puesto de Díaz, San
Dionicio, El Peral, entre varias otras.
Reclamamos el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, de la Ley
Nacional 24.071 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT, de la Ley
Nacional Nº 26.160 sobre emergencia en materia de tierra de comunidades
indígenas, y de la Ley Nacional Nº 26.331 sobre bosques nativos.
El Alto, único cordón boscoso del departamento Atamisqui, hábitat de
comunidades indígenas y campesinas, debe ser preservado puesto que su
alteración o transformación pondría en alto riesgo, en forma directa, la
pervivencia de estas comunidades, su identidad cultural, su permanencia en
el lugar, un ecosistema frágil ubicado en el semiárido salino actualmente
afectado por procesos de desertificación. El Alto debe ser ubicado como
bosque nativo en la categoría I, rojo, para preservar los derechos de las
comunidades, y no amarillo, como se pretende, para preservar los intereses
económicos de empresas inversoras como Genética del Este, Freidenberg,
Sbiglio, y otros, al precio de privaciones ilegítimas de la libertad,
detenciones de ciudadanos seguidas de tortura, agresiones físicas y
morales a niños, mujeres y ancianos, amenazas, agravios, discriminación,
destrucción de posesiones ancestrales, privación del derecho al agua y
destrucción del medio ambiente.
El Alto es patrimonio de las comunidades indígenas y campesinas por
derechos, por historia, por cultura, y el Estado debe ser garante de estos
derechos y no volver a recurrir a prácticas propias de un doloroso pasado
de cárceles, torturas y persecución.
Santiago del Estero, 26 de Noviembre de 2008
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