Política & Miseria: el nuevo libro de Raúl Zibechi (levantado de lavaca.org)

ZibechiCon cuatro hipótesis para lanzarse a recorrer el presente. Raúl Zibechi describe de este modo las dificultades que implican las políticas sociales:

* Instalan la pobreza como problema y sacan a la riqueza del campo visual.
* Eluden los cambios estructurales, congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites.
* Bloquean el conflicto para facilitar la acumulación de capital.
* Disuelven la autoorganización de los de abajo.

Con esas propuestas arranca Política & Miseria, un libro que abre neuronas y debates al investigar un presente que involucra a movimientos sociales, gobiernos progresistas, modelos económicos, oenegés, discursos, concentración de riqueza, lucha contra la pobreza y otros enigmas que en Argentina, y Sudamérica le despiertan la siguiente reflexión, que Zibechi plantea en charla con mu desde Montevideo: “El eje de los nuevos tiempos es que los movimientos sociales han sido exitosos y empiezan a ocupar un lugar central en las sociedades. El Estado primero los reprimía y criminalizaba. Pero ahora los incorpora. Necesita esta alianza que, así como hace décadas pasó por el movimiento sindical, hoy pasa por los movimientos sociales. Como si dijeran: ‘Ya no podemos gobernar sin los movimientos, entonces veamos cómo los controlamos’. Y el modo de hacerlo es con las llamadas ‘políticas contra la pobreza’ que en realidad, para mí, representan un nuevo modo de dominación”.

Zibechi agrega que ese control se materializa a partir de las propias demandas, ideas y aspiraciones de los movimientos sociales, y compara: “Si sos un empresario y querés ganar plata y a la gente le da por llevar camisetas del Che, fabricás camisetas del Che. Y si la gente quiere llevar pantalones rotos para diferenciarse, vos no dejás que ese público los compre y los rompa, sino que se los vendés ya rotos, y más caros. El sistema de dominación hace algo parecido al mercado, ahora a través de gobiernos progresistas. Toma los insumos que produce la propia energía social”.

Y un reconocimiento: “En esos discursos y políticas de estos gobiernos hay parte de lo nuestro, parte de lo que yo pienso, de lo que todos hemos aportado. No voy a caer en lo que hace cierta izquierda, al decir ‘todo lo que está en el gobierno es ajeno a mí y es horrible’. Ni es ajeno ni es horrible: yo tengo que ver con eso. Y no es haciéndote el desentendido como lo comprendés mejor”.

Ni arriba ni afuera

Raúl es autor de Genealogía de la revuelta (sobre la Argentina del 2001) y de Territorios en resistencia (la realidad geopolítica de las periferias urbanas latinoamericanas) entre otros trabajos. Como investiga, viaja, se mete en cada realidad que quiere conocer, este uruguayo hincha de Nacional y editor de temas internacionales del semanario Brecha, es lo contrario de un opinólogo. “Más que juzgar, lo importante es describir tendencias y lógicas que permitan entender lo que está pasando”. Así se ubica en un lugar poco usual en la geometría política: ni “arriba”, ni a la “derecha”, obvio. Ni en esos supuestos “centros” que suelen ser el equilibrio de la nada. Tampoco se coloca “afuera” (esos afueras puros, incontaminados y utópicos), ni estrictamente a la “izquierda” (oxidada en dogmatismo). El lugar que elige desde hace mucho es “abajo”: conocer, compartir y aprender lo que son capaces de producir las sociedades en movimiento, las personas y experiencias que tratan de gestionar modos de vida que las alejen de las colonizaciones del presente.

Tres patas

El libro plantea una especie de circularidad entre modelo extractivo, planes sociales y gobiernos progresistas…

- La idea es que las formas de dominación y de gobierno han ido cambiando, adaptándose a los nuevos tiempos marcados por levantamientos como el del 2001 en la Argentina, los Sin Tierra en Brasil, lo ocurrido en Bolivia, y tantos otros. Frente a ese éxito, el Estado intenta seguir siendo Estado. Ése es su objetivo: ser el que controla y organiza a la sociedad. Entonces empieza a tirar de lo que fueron líneas históricas del Banco Mundial y los gobiernos neoliberales, las llamadas “políticas contra la pobreza”, que en realidad son políticas para domesticar a los pobres y evitar que se conviertan en peligrosos, organizados y movilizados. En ese escenario, les toca hoy operar a los gobiernos progresistas.

La pregunta que se haría cualquiera es: ¿cómo puede ser negativa esa lucha contra la pobreza?

- Mi planteo es que lo que hace el Estado no es luchar contra la pobreza, sino congelarla.

¿Qué sería luchar contra la pobreza?

-Si vemos la historia argentina, en los años 40 el modelo funcionaba con gente que llegaba a las ciudades desde el campo, trabajaba en la construcción, poco a poco conseguía mejorar sus trabajos, crecía la industria que incorporaba a hombres y mujeres, se producía un elemento de integración, se hacía una casa, sus hijos podían estudiar. Hubo dos generaciones con un ascenso social permanente. Con la dictadura, el modelo empieza a expulsar a los trabajadores, generando niveles de desigualdad cada vez mayores. La gente empieza a perder lo que había ganado. Hasta sus casas. Y se llega a la situación actual con una brecha entre ricos y pobres inédita en cada país de América Latina. Hay que retrotraerse a cien años atrás para encontrar esos niveles de desigualdad, o sea al período preindustrial. Entonces, si se quiere combatir de verdad la pobreza, hay que poner en marcha un modelo económico que genere empleo digno, integración social, mejores condiciones de salud, de educación, de vida.

¿Pero eso se puede hacer? ¿Una reindustrialización?

- No, no es posible porque el modelo se convirtió en un capitalismo financiero depredador. Ahí no hay margen. Es extractivismo por un lado, militarización por el otro, con el componente blando que son las políticas sociales. Eso expulsa a la gente del campo, la arrincona en guetos de pobreza amurallada donde no se ve cuál es el futuro, pero se les tiran algunas migajas y ayuditas para aplacarlos. Y no digo que no haya que agarrar esas migajas, claro. Pero no podés decir que estás combatiendo la pobreza cuando apoyás un modelo que genera desigualdad y crisis social permanente.

Amansar

¿Un ejemplo?

-Se habla de inseguridad ciudadana, delincuencia, pero la base de eso es la desigualdad. La concentración de riqueza y poder en un polo de la sociedad, la concentración de desesperanza en el otro polo. Y a años luz de distancia unos de otros. Con las políticas contra la pobreza, en los barrios hay un poquito más de arroz, polenta, chapas para el techo. Pero estructuralmente la situación no va a cambiar.

Es la lectura inversa a lo que aparece en los discursos políticos y mediáticos, donde se habla de reducción de la pobreza.

-Los gobiernos progres exhiben datos sobre disminución de la pobreza y desocupación que son ciertos, pero no dependen de sus políticas sino del ciclo económico que vivimos. Y no dicen que la desigualdad no se movió, y es mucho mayor que antes de 2001. Me gustaría hacer un cruce entre Hugo Chávez (presidente venezolano) y Alfredo Moffat (psicólogo social, inspirador de Cooperanza en el Hospital Borda y El Bancadero). Chávez una vez dijo: si queremos eliminar la pobreza, hay que darle poder a los pobres. Y Moffat dice que los marginales, los locos, son los que no pueden tomar el poder, no hablo del estatal, sino los que no pueden ni soñar con organizarse y generar una situación distinta. El punto central de la pobreza es el tema del poder. No como lugar de gobierno o de dominación: si sos pobre es porque te he quitado poder, te he desempoderado. Lo primero fue cerrar las fábricas, el lugar donde la gente se hacía fuerte. Eso ocurrió durante la dictadura, que además expulsó a los pobres para que no afeen la ciudad, y como para evitar otro 17 de octubre del 45. Por eso, además, la mayor cantidad de desaparecidos fueron obreros.

¿Y hoy?

-El proyecto no es con mano militar, porque además por vía militar ya no se puede eliminar la presencia de los pobres. El proyecto, y para mí el núcleo del progresismo, es aplacar a los pobres. Otra cosa es que entre los que hacen esas políticas, en ministerios o en oenegés, haya gente interesante, con buenas intenciones, honesta. No tengo la menor duda. Pero el núcleo del tema es ese: evitar que los pobres se rebelen. Las políticas en Argentina y en todos los países de la región son idénticas. El 19 y 20 de diciembre mostraron que los pobres pueden crear problemas gravísimos para la continuidad del poder estatal y la acumulación de capital, que son funcionales entre sí. Trancaron los mecanismos de gobernabilidad, y para restituirlos hay que hacer políticas especiales para amansar a la gente. Y qué mejor que esos planes sociales que no modifican el modelo económico.

De Menem/Duhalde a hoy

En el libro ese rol también es parte esencial de lo que hacen muchas oenegés.

-El rol se los dio el Banco Mundial en los 90, con el Consenso de Washington y el achicamiento de los Estados. Las oenegés aparecen haciendo aquello que los Estados ya no hacían: ocuparse de ciertos focos, porque en ese momento la pobreza estaba focalizada. Después pasaron a tener otro rol, más pegado al estatal. Ya no es posible concebir políticas sociales sin la presencia de las oenegés, cuyo personal empezó a entrar a los ministerios. Esto ocurre con los gobiernos progresistas, pero también en Colombia donde hacen exactamente lo mismo. Lo novedoso en esta etapa es que hay que trabajar con organizaciones sociales de cada territorio. Y si no existen, hay que inventarlas, porque son la garantía de que la política social pueda aplicarse a través de grupos y dirigentes del propio barrio, que conozcan las necesidades y problemas.

Pero eso es lo que quieren las propias organizaciones: ser atendidas, que les den los recursos.

-¡Más bien! En realidad el objetivo de la gente, su deseo, es salir de la situación actual, cambiarla. ¿Cómo hacerlo? Esa es una discusión abierta en el mundo popular, en las organizaciones sociales. Por supuesto que entre Menem o Duhalde, que mandaban la policía, y un gobierno que hace planes como Argentina Trabaja o la Asignación Universal por Hijo -que son mucho mejores que los primeros planes como el Jefes y Jefas- va a preferir esto último. La situación es mucho mejor. Cuando un movimiento social tiene la oportunidad de organizar a cientos de compañeros en cooperativas como Argentina Trabaja, no va a rechazarlo, y me parece bien que los recursos estatales se puedan utilizar para organizarse. Es un terreno que yo llamo “zonas grises de dominaciones y resistencias”, donde las cosas ya no son blancas o negras. En el papel uno puede decir: “La política social busca domesticar a los pobres”. Pero la realidad es más compleja. Yo puedo decir que el objetivo del Estado es que la burocracia sindical controle a los trabajadores. Pero en la práctica de un sindicato existieron el Cordobazo y Agustín Tosco. Hoy también puede pensarse que hay organizaciones que toman los planes, se meten en las cooperativas, pero disputan el espacio para que eso signifique fortalecer el trabajo territorial, no pierden su propio horizonte de organización. Es una disputa entre el arriba y el abajo, que va a definir qué va a pasar en el futuro. Es un debate que todos sabemos que se está dando, incluso ente muchos trabajadores sociales, gente que está en el gobierno y oenegés, que son como bisagras entre el Estado y el abajo, donde se sienten disconformes y son críticos de las políticas sociales.

¿Esas “bisagras” son la zona gris?

-Muchas de esas personas hacen su trabajo lo mejor posible, con rigurosidad y compromiso con los barrios y su gente. Desde adentro, le pueden exigir más al Estado y, mientras tanto, tienen un empleo. Todo lo que sea mejorar las políticas, que sean más transparentes y a favor de la gente, no nos va a perjudicar. Pero no se puede pensar que ése es el trabajo de emancipación y de justicia social. Que no nos vengan con cuentos. El discurso “nac & pop” no aclara que el modelo es monocultivador y exportador de soja, esquilmador de la gente a través de la minería a cielo abierto y profundiza la desigualdad.

Evita y los ricos

Con respecto a eso, el libro plantea que una tendencia de la época es hacer foco mediático en los pobres, pero no en los ricos.

-No sólo los medios. Los gobiernos también. Vuelvo atrás: traigamos los discursos de Eva Perón y veremos que todo el tiempo habla de la oligarquía, de los ricos. En esa época el primer peronismo la izquierda y el nacionalismo ponían la lupa en la brutal concentración de la riqueza. Hoy te dicen que el problema es el pibe chorro que se droga, que le roba una cartera a una señora, lo cual es sin duda horrible, pero ¿ese es el problema de la sociedad? Se hacen estudios, estadísticas, trabajos universitarios y de multinacionales sobre qué hacer con los pobres. Pero nadie investiga a los ricos y qué clase de problemas crean al conjunto de la sociedad, como ha quedado demostrado con las crisis económicas, incluso de las potencias, en los últimos años.

Los ricos han sido sostén e ideólogos de las dictaduras, por ejemplo, aunque se habla sólo de los militares. Pero en la etapa actual aparecen casos viejos, visibilizados por los choques con el gobierno: Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, los Rocca de Techint.

-Y va a continuar, porque creo que estamos en un proceso de transición entre una vieja y una nueva dominación. En una época la dominación era española. Hubo revoluciones hace 200 años, nuevas ideas, formas de gobierno, y se pasó a una hegemonía británica. Un siglo más tarde también surgieron nuevos partidos, crisis, izquierdas, nacionalizaciones, y se pasó a una dominación norteamericana. Los cambios de dominación producen esos terremotos. El último fue el de 2001 y todavía no vemos muy bien cómo se está acomodando eso. Pero los “españoles” de hoy serían los Menem, Techint, Macri, el pasado. El problema es que, por ser una transición, es un período de confusión.

¿Qué es lo que nos confunde?

-Pensar que nos emancipamos si, en realidad, estamos contribuyendo a construir una nueva dominación. Es muy terrible decirlo así, pero es lo que creo: nadie de nosotros está ajeno a ser dominador y dominado. Alguien puede decir que tiene un patrón, el capital o el Estado que lo controlan, pero también puede tener relaciones de poder con su mujer, sus hijos, sus pares. Ver todo ese problema ayuda a trabajarlo mejor. Ese es mi objetivo.

Me quedé en la confusión. Mucha izquierda setentista frente a la confusión planteaba “cuanto peor, mejor”: que se vean con claridad las formas de dominación, para que la gente “entienda” la realidad. Y fue una masacre.

-Es un discurso horrible, que no comprende que, aunque uno critique, con los gobiernos actuales hay cambios, situaciones mejores, y otras que son iguales. Lo que sí me parece importante es mencionar que el progresismo no es tan progresista en muchas cosas. Si hay una pelea con Clarín, obvio que apoyo a ese progresismo. Por eso digo que en las nuevas formas de dominación hay parte de lo que yo pienso, parte de lo nuestro. Que ha sido tomado, desfigurado, manipulado, lo que vos quieras, pero son materiales que nosotros hemos aportado.

Otra idea: “El mejor momento de los gobiernos progresistas ya pasó. Hasta Evo está teniendo levantamientos porque mucha gente se siente engañada con temas como la nacionalización del petróleo y el gas”. Otra: “Nunca estoy diciendo: los demás están confundidos, yo la tengo clara. Al contrario, soy parte de la confusión, soy parte del problema. Hasta los conceptos que uso no me gustan, pero no tengo otros. La diferencia es que me gustaría aclararme y aclararnos colectivamente, en la actividad conjunta y en la resistencia. Lo que sí me parece es que se viene un mundo y una cotidianidad cada vez más compleja, en la cual está en juego la sobrevivencia de los de abajo como tales”.

La charla es apenas una introducción. Bienvenidos, entonces, a Política & Miseria..

Territorio del crimen: asesinan a integrante del pueblo Qom en Formosa (levantado de lavaca.org)

El martes 23, en Formosa una comunidad del pueblo Qom fue brutalmente reprimida a la vera de la ruta 86, donde mantienen un corte hace más de cuatro meses reclamando la restitución de 5 mil hectáreas usurpadas por emprendimientos sojeros y el propio gobierno provincial. Durante la represión murió Roberto López, víctima de la balacera policial. La abogada de la comunidad, Roxana Silva, en diálogo con lavaca, contó que estuvo presente durante la autopsia que se le realizó a López y pudo comprobar que “tenía orificios de bala en la espalda”. La abogada resaltó que la mayoría de los detenidos “son mujeres y ancianos. En principio detuvieron a 35, ahora solo queda preso Eugenio Fernández, al que le armaron una causa”. Silva informó que es grave el estado de salud de Sanuel Garcete, otro integrante de la comunidad que recibió un golpe en la cabeza y está en estado de coma e internado en terapia intensiva. El otro hospitalizado es Sixto Gómez, que recibió un balazo en el muslo, y suman decenas los integrantes de la comunidad heridos con perdigones de balas, resumió la abogada. Por su parte, Enrique Mamani, vocero Qom en Buenos Aires, denuncia además que el cacique de la comunidad, Félix Díaz, continúa desaparecido. La abogada Silva precisó que el cacique tenía un pedido de captura porque le habían imputado los delitos de atentato a la autoridad, daño, robo y lesiones. “Estamos pensando en presentar un Habeas Corpus para protegerlo, porque si bien logramos dejar sin efecto el pedido de captura, no nos garantizaron su libertad cuando se presente ante la justicia”. Para este viernes 26, a las 18 horas, convocan a todas las organizaciones, movimientos y asambleas a marchar hasta la Casa de Formosa (Hipólito Yrigoyen al 1.400)y al Congreso Nacional para pedir juicio y castigo a los responsables de la represión y la restitución de tierras.

La causa está caratulada como una investigación por “atentado a la autoridad”, es decir, que no apunta a señalar quiénes atacaron a la comunidad, sino todo lo contrario.

La organización Amnistía Internacional señala: “Hace más de 4 meses que los miembros de la Comunidad exigen al Estado acciones claras. No cortan la ruta por placer, lo hacen por desesperación ante la falta de respuestas. Están exigiendo por sus derechos y sufren un desalojo forzoso, son sometidos a la violencia institucional y los hechos relatados los inculpan como agresores“.

Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, recuerda que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está amparado no sólo por las compromisos internacionales que el Estado ha asumido, sino también por la Constitución Nacional y otras leyes nacionales, entre ellas la 26.160, que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad. “Los derechos humanos son claros: no se puede desalojar a las comunidades.” señala Boada, quien informa que la semana pasada, Félix Díaz, líder de la comunidad, se comunicó con Amnistía Internacional Argentina para expresar su preocupación porque estaba sufriendo amenazas. “Lo que pasa en Formosa es gravísimo. Las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en la provincia, el manejo de la información y el doble discurso hacen que las comunidades estén desamparadas y en riesgo. Es vergonzoso: los indígenas reclaman pacíficamente por sus derechos negados históricamente, los quieren callar y castigar, se defienden y salen en los diarios como si fueran pendencieros” señaló Boada, quien exigió que el gobierno formoseño de Gildo Insfrán cumpla sus compromisos y lleve a cabo una investigación completa, pronta e imparcial del los hechosy lleve a la justicia a los responsables de lo sucedido. Al mismo tiempo, exigió que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con sus compromisos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país, ya que no se puede permitir que se continúe con éste nivel de discriminación, violencia e indiferencia con los pueblos indígenas.

El informe sobre esta comunidad que realizó Amnistía fue difundido hace apenas 4 meses y llevó por título “Exigimos respeto” (ver http://www.amnistiainternacional.org/Publicacion.php?Id=135 )

El territorio usurpado

El gobernador formoseño, Gildo Insfrán, dispuso este año construir una universidad y un parque nacional dentro del territorio de la comunidad del pueblo Qom, ocupando así casi la mitad de las hectáreas concedidas a los aborígenes décadas antes. En ese radio de 5 mil hectáreas los Qom identificaron, además, a decenas de familias “criollas” con parcelas repletas de soja. Mamani cuenta que los territorios están catalogados como comunitarios: “No tienen la posibilidad de ser vendidos, son ancestrales y por eso pertenecen a las comunidades”.

Desde hace 4 meses los Qom mantienen un corte parcial sobre la ruta 86 para pedir la restitución de las hectáreas y el cese de la usurpación. Hace algunas semanas, el cacique Félix Díaz había viajado a Buenos Aires para concretar reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el INADI que, sigue Mamani, “se pronunciaron a favor, pero todo siguió igual”. Y peor: hay tres muertos.

Díaz había recibido amenazas explícitas por parte de las familias sojeras y policías armados. Mamani cuenta: “La semana pasada hubo amenazas en los cortes por parte de la policía, diciendo que si no levantábamos nos iban a reprimir o a matar”.

La represión

El comunicado que los Qom subieron a su página (http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/) relata los primeros momentos de la brutal represión: “Alrededor de las 18:30 hs., hubo otro intento de desalojo por parte de la Familia Celias, esta vez acompañados con una gran cantidad de policías de la provincia, armados y amenazantes que provocaron un violento enfrentamiento en donde Sixto Gómez, un indígena de la comunidad perdió su vida, al igual que un policía del que no se tienen datos oficiales. El enfrentamiento terminó con varios heridos, y una gran cantidad de indígenas detenidos. En la zona que lograron desalojar, las casas fueron quemadas”.

Los miembros del pueblo Qom detenidos son alrededor de 35, de los cuales 6 serían menores de edad.

Ciertos medios de comunicación comerciales hablaron de un “enfrentamiento” entre la policía y la comunidad Qom, e incluso Clarín en su edición digital dio voz al comisario Cajes, quien declara: “Jamás esperamos semejante brutalidad”.

Mamani denuncia una operación de prensa para distorsionar los hechos. Se defiende: “No fue un enfrentamiento bajo ningún punto de vista: fue una masacre. Los tobas no usamos armas, los pueblos originarios no nos armamos. La única arma que tienen los hermanos son las flechas, y las usan para cazar. Nosotros amamos la vida, la Pacha, somos parte de la naturaleza y no queremos que nadie muera”.

El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, dio su versión de los hechos: dijo que el choque se produjo cuando unos cien efectivos ingresaron a un campo “usurpado por aborígenes”, los cuales comenzaron a efectuar disparos, “uno de los cuales mató al oficial Heber Falcón”.

Mamani desmiente que el policía pudiese haber sido asesinado por armas de los Qom. En cambio, afirma que a Sixto Gómez, uno de los Qom asesinados, “lo remató un policía cuando estaba tirado en el piso”.

Hoy el juez a cargo de la causa, Santos Gabriel Garzón, realizaba un peritaje en la zona para desenredar estas versiones.

Los Qom, en tanto, decidieron comunicar:

“Por la mañana nos vinieron a disparar e insultar los Celias junto a la policía. El abogado y Celia nos dispararon frente a la policía, pero esta nada hizo. La policía simuló que se les cayeró un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de antemano, de hace mucho. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa para que supieran lo que estaba pasando y particularmente con nuestro defensor público Molina de Resistencia pues no sabíamos que hacer. Los diarios locales venian hablando del fin de la tolerancia. El defensor del pueblo de Formosa Gianluca también publicó en los diarios locales el martes por la mañana de la inminencia del desalojo. Hicieron hechar al delegado de INADI para poner a un asesor del gobernador de formosa. Insultaron y criticaron desde la provincia al INADI, institución que junto al Ministerio Público de la defensa vienen advirtiendo sobre el conflicto. Y a las cuales les presentamos nuestras denuncias. Hemos recurrido a la justicia todas la veces que pudimos. Con denuncias, medidas cautelares, apelaciones, recursos de amparo. Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo, al CELS, a SERPAJ, a GAJAT, a Amnistía Internacional. Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los Juzgados. No obstante nuestra modalidad de corte era muy flexible, dejábamos pasar a los vehículos en los horarios de trabajo. Y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias. Porque respetamos la vida. No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley de emergencia territorial 26.160. Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quizo hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. ¡Y la provincia intenta culparnos! ¿Hasta dónde llegarán?”.

Contacto:

Roxana Silva, abogada Comunidad La Primavera: tel 0371 815541294

Tres millones de razones detrás del crimen de Mariano Ferreyra (levantado de LaVaca.org)

Otra vez un asesinato. Nota clarisima sobre lo que está detrás del asesinato de MF. Sabemos que existen todos los días montones de asesinatos silenciados e invisibles (gatillo fácil de la policía, gente atropellada en las calles, gente que muere de hambre, mujeres asesinadas por familiares, etc.) pero de vez en cuando hay algunas muertes que son super-visibles, hiper-mediatizadas, y estos asesinatos cambian la estructura de fuerzas. Todos estamos cansados de los gordos sindicalistas forrados de guita que defienden sus propios intereses (el costo político para Moyano es clarísimo, para el gobierno también pero se verá con el tiempo cuánto). Hay otros tipos de sindicalistas que buscan otra cosa y que laburan encontra de las dirigencias corruptas. Y está el resto de la sociedad que quiere laburo, educación y salud pública, cosas mínimas a las que tenemos derecho, y por supuesto que no vivan a cuenta de lo que producimos. Acá abajo la nota.

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El balazo que mató a Mariano Ferreyra hizo blanco también sobre una situación que simboliza la época. La precarización laboral se ha transformado en un negocio de alrededor de 3.000.000 de pesos mensuales a costa de los trabajadores, que se reparten entre concesionarios ferroviarios, empresas tercerizadas, burocracia sindical & afines. Allí está el nido de la impunidad, y el negocio que salieron a defender las patotas y barrabravas, ante la inacción policial que –según quien opine en estos días- es: a) sospechosa, b) cómplice, c) discapacitada.

Marcelo Ramal, economista, profesor en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, 56 años recién cumplidos, es uno de los referentes del Partido Obrero. En diálogo con lavaca trazó un mapa que permite orientarse en el pantano de este asesinato. ¿Cómo se explica la violencia contra los trabajadores, proveniente del propio gremio?: “Aquí se tocó un negocio muy sucio, el de las tercerizaciones. La cuestión empezó del siguiente modo: el Roca estaba en manos de Sergio Taselli. Llegó un momento en el que el grado de vaciamiento era tal que el gobierno se vio obligado a rescindirle la concesión”.

(Breve aclaración: Taselli, empresario del planeta kirchnerista, fue concesionario de la mina de Río Turbio, en la que se le atribuye el vaciamiento y deterioro de la seguridad que derivó en la muerte de 14 mineros en 2004. En febrero de 2006, Hebe de Bonafini denunció públicamente esa cercanía con el gobierno definiendo a Taselli como “otro Yabrán” y señalando a la Casa Rosada: “Si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno, ése pasará a ser enemigo de las Madres”).

Radiografía del negocio

Ramal continúa su razonamiento: “Al salir Taselli del Roca, se creó una Unión Transitoria de Empresas llamada UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) donde intervienen Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías, concesionarios de la privatización”.

A partir de esa situación se instaló lo que el economista considera una estructura perversa: “Se plantea la famosa historia: el ferrocarril tiene pérdidas, las tarifas no alcanzan. Entonces el Estado entrega subsidios. Les dice: ‘Ponemos el dinero para que ustedes trabajen’. Es como si la concesión presentara la factura, digamos, y el Estado les da ese dinero. Ahí se arma el siguiente negocio: inventan la tercerización o subcontratación. Una parte importante de las tareas las derivan a empresas truchas que son seudo empresas armadas por ellos mismos, en las que participa también la burocracia sindical. Supongamos el caso de una empresa de mantenimiento de los durmientes. Declaran que tienen tantos trabajadores, tantos costos, y un presupuesto de determinada cantidad mensual. Esos servicios son siempre sobrefacturados. Y luego le pagan a los trabajadores un salario que no tiene nada que ver con el convenio ferroviario”.

Los nombres de estas empresas dicen poco: CONFER S.A., ECOCRED S.A, AUMONT S.A, MAPRA S.R.L., S.G.C., EXPERVIAS S.R.L, HERSO S.A, ROTTIO S.A, HUNTER, SAP S.A, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda., LIMBA, Aceros Zapla, BR-T, Amanci, Copacre, entre otras. El dirigente ferroviario Flavio Bustillo denunció que la Unión Ferroviaria es dueña de algunas de estas empresas, donde trabajan los propios sindicalistas o familiares suyos, como el caso de Maxi Pedraza (hijo del secretario general de la Unión Ferroviaria), en una supuesta cooperativa llamada Unión del Mercosur.

En junio de este año los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la persecución que sufren los que intentan organizarse o presentarse como delegados sin el aval de la burocracia. Este año ya habían existido enfrentamientos dado que los trabajadores exigían la efectivización, lo cual provocó despidos por parte de las empresas.
Pero los reclamos no se apagaron sino que se redoblaron: a la efectivización, se sumó la exigencia de reincorporación de los 117 despedidos.

Números

Hay alrededor de 20 empresas que tercerizan servicios para los ferrocarriles, e involucran a unos 1.500 trabajadores. “Esas empresas pagan salarios de entre 2.000 y 2.500 pesos, pero un ferroviario cobra entre 5.000 y 8.000. La diferencia se la facturan al Estado y se la quedan las empresas concesionarias, repartiendo con las contratistas y con la burocracia sindical. Mojan todos”. Calculando esa diferencia que plantean los trabajadores en unos 2.000 pesos por cabeza, como mínimo, con un total de 1.500 mujeres y hombres en esa situación, la bolsa a repartir alcanza los 3.000.000 (tres millones) de pesos mensuales, que explican la virulencia sindical que, al no contar para estas cosas con respaldo expreso de los trabajadores agremiados, contrata barrabravas para atacar a los trabajadores. Los tres millones pertenecen exclusivamente al rubro salarial de las tercerizadas, tal vez una migaja del negocio mayor, por el que las concesionarias reciben poco más de 100 millones de pesos mensuales por parte del Estado, además del pago de todos los sueldos del personal de planta.

“El otro tema” plantea Marcelo Ramal, “es el de las condiciones laborales, que también son totalmente diferentes. El ferroviario está protegido por un convenio de trabajo. Los tercerizados no tienen defensa alguna, y por la misma tarea cobran la mitad, pero trabajan el doble. Y no entran a la Unión Ferroviaria, sino que quedan en gremios como la UOCRA o incluso Empleados de Comercio. La burocracia no lucha contra esto, porque es la esencia del negocio que armaron”.

¿Eso es una certeza o una sospecha que no se puede probar? Ramal: “Es la certeza que tiene cualquier trabajador ferroviario al cual le pregunten”.

Un detalle que muestra que la trampa está lejos de ser un secreto: la Cámara Laboral en un fallo reciente ha explicado que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Agrega: “Resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador”.

La nueva situación

Pero toda esta situación está mutando en los últimos meses, debido a un nuevo elemento en juego, según Ramal: “Si la burocracia era renuente a la efectivización de los compañeros, ahora directamente no quieren saber nada, en alianza con la empresa, porque el gobierno está yendo hacia un reajuste progresivo de las tarifas y una reducción de los subsidios. Para entender la situación, con la crisis del 2001 y 2002 el gobierno lo único que hizo fue plantear que los concesionarios debían mantener las tarifas congeladas. Estos respondieron que así perderían la rentabilidad de los tiempos de Menem. El gobierno contestó: la diferencia la ponemos nosotros. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno por diferentes cuestiones está intentando la eliminación progresiva de los subsidios. Eso liquida la bolsa de plata que alimenta todo este negocio de las mercerizadas. Entonces no quieren incorporar a trabajadores efectivos porque en realidad lo que se viene es el despido de más trabajadores tercerizados”.

Datos

Mariano Ferreyra militaba en el Partido Obrero, y estaba buscando trabajo como tornero en Avellaneda. Ramal: “Un pibe extraordinario, que desde los 14 años militaba y había estado en Puente Pueyrredón cuando mataron a Darío y Maxi. Estoy conmovido. Otra vida de un chico. Pero a la vez creo que una burocracia sindical que tiene que recurrir al crimen, está agotada”.

Al escribirse estas líneas, Elsa Rodríguez, que recibió un balazo en la cabeza, estaba en coma. Tiene 7 hijos, es empleada doméstica, milita en el Partido Obrero. Nelson Aguirre, con dos balazos (pierna y glúteo) participó en silla de ruedas de la marcha de este jueves 21, y dijo que se puede identificar a los autores. Ramal: “Ahora queremos que los responsables estén presos”.

Policía de lesa humanidad: el Geop en Corcovado (extraído de La Vaca)

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.

Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. “Los delitos cometidos son de lesa humanidad” dijo el fiscal y agregó: “Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”. El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.

Breve historia

El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian “Mai” Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.

Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. “La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad” explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.

Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. “Salieron gritando que no dispararan” relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.

En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.

Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un “intento de fuga” por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.

Llega el GEOP

Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:

Ø En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.

Ø Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.

Ø Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.

Ø En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.

Ø En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.

Ø Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.

Ø La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. “Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha” reveló el defensor Omar López a lavaca, “lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña”. Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.

Ø Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.

Ø El defensor López agregó a lavaca: “Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol”. A estas cosas se les llama “grupos de élite”.

Ø En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).

Ø Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.

Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.

Un desaparecido

Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el “estado de sitio” del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.

En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada “agenda” de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que “no fue para tanto”.

En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.

En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.

El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: “El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley”.

La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: “Acá hubo terrorismo de Estado”. Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.