ARCHIVO 2010
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010
Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es la sistematicidad.
El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contraponen los datos concretos que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo.
Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3. No incluimos enfrentamientos reales.
4. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasificamos en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo siguiente.
Algunas conclusiones:
Este año se evidencia un avance cuantitativo y cualitativo en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. En “democracia”, son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires). Los tres primeros, en marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado cuando, junto a su organización, acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados.
Mucho más ocultas se mantienen las cifras que corresponden a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Es la represión de tipo “preventivo” que se aplica con mayor sistematicidad, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.
Los números confirman que, en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los “presentables” gobiernos “democráticos”, cobró central importancia esta “represión preventiva”, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida, y de invisibilización hacia afuera.
Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.
La distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, ratifica que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y, por lo tanto, tienen una mayor necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los “patas negras”, que quedan equiparados, y hasta superados, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias. Igualmente ilustrativo es el cuadro comparativo de ciudades de con gobiernos locales de distinto signo político.
Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado.
Se observa, a partir del último tercio de los ’90, que los integrantes de otras fuerzas de seguridad, como prefectura naval o gendarmería, aparecen con mayor frecuencia como victimarios. Ello responde linealmente a la creciente presencia de estas fuerzas, otrora limitadas a las fronteras o los cursos fluviales, en el patrullaje urbano, participando activamente en el control territorial. Gendarmería ha sido también, desde mediados de los ’90, la fuerza favorita a la hora de reprimir conflictos sociales, y la preferida en los crecientes procesos de militarización, como en Santa Cruz o el Hospital Francés. Igual camino sigue la Prefectura, cuyo grupo de elite Albatros tuvo intervención en conflictos gremiales como el de los trabajadores pesqueros de tierra en el puerto de Mar del Plata o el del Casino.
No es ajena a este incremento la influencia del entrenamiento y “capacitación” para enfrentar conflictos de baja intensidad, bajo la excusa de la “guerra global contra el terrorismo”, que todas las fuerzas de seguridad, y en particular, sus grupos de choque y desplazamiento rápido, vienen recibiendo, en forma creciente, por parte de EEUU. Además de los cursos, programas de “intercambio”, ejercicios conjuntos y otras iniciativas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado norteamericanos, hay un constante aporte en tecnología y pertrechos.
La creación de policías municipales son un elemento de perfeccionamiento y descentralización de la tarea represiva estatal que permite una mayor efectividad y control sobre los territorios más pobres del conurbano bonaerense.
Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos.
El reciente asesinato de Mariano Ferreyra hace visible el uso de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, “batatas” sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia “privadas”, la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan “batalla entre sectores sindicales”, sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas.
A poco de cerrar la recepción de datos para este Archivo, mientras seguimos preguntando dónde están Jorge Julio López, Luciano Arruga, Luciano González, y medio centenar más de desaparecidos en “democracia”, la policía de Santiago del Estero sumó el nombre de Juan Ramón Díaz, de 23 años, a esa lista.
También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional. Como lo explicaba Rodolfo Walsh hace casi medio siglo, “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”(1) .
Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura(2).
En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Sobre esos inverosímiles suicidios en cárceles y comisarías, decía también Walsh, en el artículo citado: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
1) La secta del gatillo alegre: El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968.
2) Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.
GRÁFICO N°1: Cantidad de casos acumulados por archivo.
El gráfico nº 1 corresponde al acumulado de casos en cada actualización del Archivo, desde la primera publicación en 1996. Cada año, además de los casos ocurridos en los últimos 12 meses, incorporamos otros de los años anteriores, que recién llegan a nuestro conocimiento.
GRÁFICO N°2: Cantidad de casos durante las dos gestiones Kirchner.
Hasta el año pasado, nunca se había superado el total de casos de 2001 (con 39 víctimas, solamente, entre el 19 y 20 de diciembre). En 2009, Cristina Fernández de Kirchner impuso un nuevo récord. Con 997 asesinados durante la presidencia de Néstor Kirchner y 637 en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández, el gobierno inaugurado en 2003 es el que más ha matado, a través de su aparato represivo, desde 1983.
GRÁFICO N°3: modalidades.
Es evidente la supremacía, como modalidad de la represión preventiva, de los fusilamientos de gatillo fácil, seguidos por las muertes bajo custodia.
Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal, así como las desapariciones, especialmente de jóvenes, previamente hostigados por el personal policial;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias, en comisarías o en institutos de menores, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 56 desde 1995. Es importante señalar que, del total de siete asesinados en movilizaciones populares por el gobierno kirchnerista (Cuéllar, Fuentealba, Erazo, Vargas, Cárdenas, Carrasco y Ferreyra), los últimos cuatro ocurrieron durante el año 2010, en enero, junio y octubre.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
GRÁFICO N°4: Víctimas mayores y menores de edad.
El 32% de los casos corresponde a personas de 21 años o menos. Pero si se analizan los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, se constata que apenas un 12% tenían más de 36 años. La joven edad de las víctimas es un claro indicador del contenido de control social de la represión preventiva.
GRÁFICO N°5: Rango de edad de la víctima.
El 52% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. Si se suman los de 35 o menos, se llega al 71%.
La distribución territorial de los casos parece mostrar una hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.
GRÁFICO N°6: Cantidad de casos por provincia.
Pero si se obtiene el índice de casos por millón de habitantes de cada distrito, vemos una imagen bien diferente:
GRÁFICO N°7: Índice de casos por millón de habitantes.
Se revela así que, dejando de lado la colosal supremacía poblacional de la Pcia. de Buenos Aires, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes, detrás de Tierra del Fuego y Santa Fe, gobernadas por el ARI y el Partido Socialista, respectivamente. Esto confirma que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne.
A similar conclusión se debe llegar si se comparan los parciales de diferentes municipios con gobiernos de distintos partidos políticos, como lo muestra el Gráfico nº 8. Peronistas kirchneristas o antikirchneristas, radicales, del Partido Socialista, del PRO, de partidos vecinalistas o “progresistas” con proyección nacional, todos reprimen al unísono, más allá de sus variantes en el discurso, porque todos gobiernan para la burguesía. Nótese el índice del partido de Morón, por ejemplo, superior al de la ciudad de Buenos Aires y parejo con Hurlingham, o los muy elevados de Tigre, Lomas de Zamora y Rosario.
GRÁFICO N°8: Comparación de municipios con gobiernos de distintos partidos (casos por 100.000 habitantes).
Finalmente, el Gráfico nº 9 muestra la proporción entre las distintas fuerzas, con preeminencia absoluta de las policías. Debe repararse en la alta incidencia de la policía federal, responsable por sí sola del equivalente a una sexta parte del conjunto de todas las provinciales. La participación de gendarmería y prefectura se sigue incrementando, a medida que toman más intervención en el patrullaje urbano. La diferencia entre el parcial correspondiente al servicio penitenciario (21%) y las muertes bajo custodia (34%) se debe a que buena parte de esas muertes en calabozos se produce en comisarías.
GRÁFICO N°9: Porcentaje según fuerza.
“Por la mañana nos vinieron a disparar e insultar los Celias junto a la policía. El abogado y Celia nos dispararon frente a la policía, pero esta nada hizo. La policía simuló que se les cayeró un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de antemano, de hace mucho. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa para que supieran lo que estaba pasando y particularmente con nuestro defensor público Molina de Resistencia pues no sabíamos que hacer. Los diarios locales venian hablando del fin de la tolerancia. El defensor del pueblo de Formosa Gianluca también publicó en los diarios locales el martes por la mañana de la inminencia del desalojo. Hicieron hechar al delegado de INADI para poner a un asesor del gobernador de formosa. Insultaron y criticaron desde la provincia al INADI, institución que junto al Ministerio Público de la defensa vienen advirtiendo sobre el conflicto. Y a las cuales les presentamos nuestras denuncias. Hemos recurrido a la justicia todas la veces que pudimos. Con denuncias, medidas cautelares, apelaciones, recursos de amparo. Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo, al CELS, a SERPAJ, a GAJAT, a Amnistía Internacional. Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los Juzgados. No obstante nuestra modalidad de corte era muy flexible, dejábamos pasar a los vehículos en los horarios de trabajo. Y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias. Porque respetamos la vida. No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley de emergencia territorial 26.160. Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quizo hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. ¡Y la provincia intenta culparnos! ¿Hasta dónde llegarán?”.
