ZibechiCon cuatro hipótesis para lanzarse a recorrer el presente. Raúl Zibechi describe de este modo las dificultades que implican las políticas sociales:
* Instalan la pobreza como problema y sacan a la riqueza del campo visual.
* Eluden los cambios estructurales, congelan la desigualdad y consolidan el poder de las élites.
* Bloquean el conflicto para facilitar la acumulación de capital.
* Disuelven la autoorganización de los de abajo.
Con esas propuestas arranca Política & Miseria, un libro que abre neuronas y debates al investigar un presente que involucra a movimientos sociales, gobiernos progresistas, modelos económicos, oenegés, discursos, concentración de riqueza, lucha contra la pobreza y otros enigmas que en Argentina, y Sudamérica le despiertan la siguiente reflexión, que Zibechi plantea en charla con mu desde Montevideo: “El eje de los nuevos tiempos es que los movimientos sociales han sido exitosos y empiezan a ocupar un lugar central en las sociedades. El Estado primero los reprimía y criminalizaba. Pero ahora los incorpora. Necesita esta alianza que, así como hace décadas pasó por el movimiento sindical, hoy pasa por los movimientos sociales. Como si dijeran: ‘Ya no podemos gobernar sin los movimientos, entonces veamos cómo los controlamos’. Y el modo de hacerlo es con las llamadas ‘políticas contra la pobreza’ que en realidad, para mí, representan un nuevo modo de dominación”.
Zibechi agrega que ese control se materializa a partir de las propias demandas, ideas y aspiraciones de los movimientos sociales, y compara: “Si sos un empresario y querés ganar plata y a la gente le da por llevar camisetas del Che, fabricás camisetas del Che. Y si la gente quiere llevar pantalones rotos para diferenciarse, vos no dejás que ese público los compre y los rompa, sino que se los vendés ya rotos, y más caros. El sistema de dominación hace algo parecido al mercado, ahora a través de gobiernos progresistas. Toma los insumos que produce la propia energía social”.
Y un reconocimiento: “En esos discursos y políticas de estos gobiernos hay parte de lo nuestro, parte de lo que yo pienso, de lo que todos hemos aportado. No voy a caer en lo que hace cierta izquierda, al decir ‘todo lo que está en el gobierno es ajeno a mí y es horrible’. Ni es ajeno ni es horrible: yo tengo que ver con eso. Y no es haciéndote el desentendido como lo comprendés mejor”.
Ni arriba ni afuera
Raúl es autor de Genealogía de la revuelta (sobre la Argentina del 2001) y de Territorios en resistencia (la realidad geopolítica de las periferias urbanas latinoamericanas) entre otros trabajos. Como investiga, viaja, se mete en cada realidad que quiere conocer, este uruguayo hincha de Nacional y editor de temas internacionales del semanario Brecha, es lo contrario de un opinólogo. “Más que juzgar, lo importante es describir tendencias y lógicas que permitan entender lo que está pasando”. Así se ubica en un lugar poco usual en la geometría política: ni “arriba”, ni a la “derecha”, obvio. Ni en esos supuestos “centros” que suelen ser el equilibrio de la nada. Tampoco se coloca “afuera” (esos afueras puros, incontaminados y utópicos), ni estrictamente a la “izquierda” (oxidada en dogmatismo). El lugar que elige desde hace mucho es “abajo”: conocer, compartir y aprender lo que son capaces de producir las sociedades en movimiento, las personas y experiencias que tratan de gestionar modos de vida que las alejen de las colonizaciones del presente.
Tres patas
El libro plantea una especie de circularidad entre modelo extractivo, planes sociales y gobiernos progresistas…
- La idea es que las formas de dominación y de gobierno han ido cambiando, adaptándose a los nuevos tiempos marcados por levantamientos como el del 2001 en la Argentina, los Sin Tierra en Brasil, lo ocurrido en Bolivia, y tantos otros. Frente a ese éxito, el Estado intenta seguir siendo Estado. Ése es su objetivo: ser el que controla y organiza a la sociedad. Entonces empieza a tirar de lo que fueron líneas históricas del Banco Mundial y los gobiernos neoliberales, las llamadas “políticas contra la pobreza”, que en realidad son políticas para domesticar a los pobres y evitar que se conviertan en peligrosos, organizados y movilizados. En ese escenario, les toca hoy operar a los gobiernos progresistas.
La pregunta que se haría cualquiera es: ¿cómo puede ser negativa esa lucha contra la pobreza?
- Mi planteo es que lo que hace el Estado no es luchar contra la pobreza, sino congelarla.
¿Qué sería luchar contra la pobreza?
-Si vemos la historia argentina, en los años 40 el modelo funcionaba con gente que llegaba a las ciudades desde el campo, trabajaba en la construcción, poco a poco conseguía mejorar sus trabajos, crecía la industria que incorporaba a hombres y mujeres, se producía un elemento de integración, se hacía una casa, sus hijos podían estudiar. Hubo dos generaciones con un ascenso social permanente. Con la dictadura, el modelo empieza a expulsar a los trabajadores, generando niveles de desigualdad cada vez mayores. La gente empieza a perder lo que había ganado. Hasta sus casas. Y se llega a la situación actual con una brecha entre ricos y pobres inédita en cada país de América Latina. Hay que retrotraerse a cien años atrás para encontrar esos niveles de desigualdad, o sea al período preindustrial. Entonces, si se quiere combatir de verdad la pobreza, hay que poner en marcha un modelo económico que genere empleo digno, integración social, mejores condiciones de salud, de educación, de vida.
¿Pero eso se puede hacer? ¿Una reindustrialización?
- No, no es posible porque el modelo se convirtió en un capitalismo financiero depredador. Ahí no hay margen. Es extractivismo por un lado, militarización por el otro, con el componente blando que son las políticas sociales. Eso expulsa a la gente del campo, la arrincona en guetos de pobreza amurallada donde no se ve cuál es el futuro, pero se les tiran algunas migajas y ayuditas para aplacarlos. Y no digo que no haya que agarrar esas migajas, claro. Pero no podés decir que estás combatiendo la pobreza cuando apoyás un modelo que genera desigualdad y crisis social permanente.
Amansar
¿Un ejemplo?
-Se habla de inseguridad ciudadana, delincuencia, pero la base de eso es la desigualdad. La concentración de riqueza y poder en un polo de la sociedad, la concentración de desesperanza en el otro polo. Y a años luz de distancia unos de otros. Con las políticas contra la pobreza, en los barrios hay un poquito más de arroz, polenta, chapas para el techo. Pero estructuralmente la situación no va a cambiar.
Es la lectura inversa a lo que aparece en los discursos políticos y mediáticos, donde se habla de reducción de la pobreza.
-Los gobiernos progres exhiben datos sobre disminución de la pobreza y desocupación que son ciertos, pero no dependen de sus políticas sino del ciclo económico que vivimos. Y no dicen que la desigualdad no se movió, y es mucho mayor que antes de 2001. Me gustaría hacer un cruce entre Hugo Chávez (presidente venezolano) y Alfredo Moffat (psicólogo social, inspirador de Cooperanza en el Hospital Borda y El Bancadero). Chávez una vez dijo: si queremos eliminar la pobreza, hay que darle poder a los pobres. Y Moffat dice que los marginales, los locos, son los que no pueden tomar el poder, no hablo del estatal, sino los que no pueden ni soñar con organizarse y generar una situación distinta. El punto central de la pobreza es el tema del poder. No como lugar de gobierno o de dominación: si sos pobre es porque te he quitado poder, te he desempoderado. Lo primero fue cerrar las fábricas, el lugar donde la gente se hacía fuerte. Eso ocurrió durante la dictadura, que además expulsó a los pobres para que no afeen la ciudad, y como para evitar otro 17 de octubre del 45. Por eso, además, la mayor cantidad de desaparecidos fueron obreros.
¿Y hoy?
-El proyecto no es con mano militar, porque además por vía militar ya no se puede eliminar la presencia de los pobres. El proyecto, y para mí el núcleo del progresismo, es aplacar a los pobres. Otra cosa es que entre los que hacen esas políticas, en ministerios o en oenegés, haya gente interesante, con buenas intenciones, honesta. No tengo la menor duda. Pero el núcleo del tema es ese: evitar que los pobres se rebelen. Las políticas en Argentina y en todos los países de la región son idénticas. El 19 y 20 de diciembre mostraron que los pobres pueden crear problemas gravísimos para la continuidad del poder estatal y la acumulación de capital, que son funcionales entre sí. Trancaron los mecanismos de gobernabilidad, y para restituirlos hay que hacer políticas especiales para amansar a la gente. Y qué mejor que esos planes sociales que no modifican el modelo económico.
De Menem/Duhalde a hoy
En el libro ese rol también es parte esencial de lo que hacen muchas oenegés.
-El rol se los dio el Banco Mundial en los 90, con el Consenso de Washington y el achicamiento de los Estados. Las oenegés aparecen haciendo aquello que los Estados ya no hacían: ocuparse de ciertos focos, porque en ese momento la pobreza estaba focalizada. Después pasaron a tener otro rol, más pegado al estatal. Ya no es posible concebir políticas sociales sin la presencia de las oenegés, cuyo personal empezó a entrar a los ministerios. Esto ocurre con los gobiernos progresistas, pero también en Colombia donde hacen exactamente lo mismo. Lo novedoso en esta etapa es que hay que trabajar con organizaciones sociales de cada territorio. Y si no existen, hay que inventarlas, porque son la garantía de que la política social pueda aplicarse a través de grupos y dirigentes del propio barrio, que conozcan las necesidades y problemas.
Pero eso es lo que quieren las propias organizaciones: ser atendidas, que les den los recursos.
-¡Más bien! En realidad el objetivo de la gente, su deseo, es salir de la situación actual, cambiarla. ¿Cómo hacerlo? Esa es una discusión abierta en el mundo popular, en las organizaciones sociales. Por supuesto que entre Menem o Duhalde, que mandaban la policía, y un gobierno que hace planes como Argentina Trabaja o la Asignación Universal por Hijo -que son mucho mejores que los primeros planes como el Jefes y Jefas- va a preferir esto último. La situación es mucho mejor. Cuando un movimiento social tiene la oportunidad de organizar a cientos de compañeros en cooperativas como Argentina Trabaja, no va a rechazarlo, y me parece bien que los recursos estatales se puedan utilizar para organizarse. Es un terreno que yo llamo “zonas grises de dominaciones y resistencias”, donde las cosas ya no son blancas o negras. En el papel uno puede decir: “La política social busca domesticar a los pobres”. Pero la realidad es más compleja. Yo puedo decir que el objetivo del Estado es que la burocracia sindical controle a los trabajadores. Pero en la práctica de un sindicato existieron el Cordobazo y Agustín Tosco. Hoy también puede pensarse que hay organizaciones que toman los planes, se meten en las cooperativas, pero disputan el espacio para que eso signifique fortalecer el trabajo territorial, no pierden su propio horizonte de organización. Es una disputa entre el arriba y el abajo, que va a definir qué va a pasar en el futuro. Es un debate que todos sabemos que se está dando, incluso ente muchos trabajadores sociales, gente que está en el gobierno y oenegés, que son como bisagras entre el Estado y el abajo, donde se sienten disconformes y son críticos de las políticas sociales.
¿Esas “bisagras” son la zona gris?
-Muchas de esas personas hacen su trabajo lo mejor posible, con rigurosidad y compromiso con los barrios y su gente. Desde adentro, le pueden exigir más al Estado y, mientras tanto, tienen un empleo. Todo lo que sea mejorar las políticas, que sean más transparentes y a favor de la gente, no nos va a perjudicar. Pero no se puede pensar que ése es el trabajo de emancipación y de justicia social. Que no nos vengan con cuentos. El discurso “nac & pop” no aclara que el modelo es monocultivador y exportador de soja, esquilmador de la gente a través de la minería a cielo abierto y profundiza la desigualdad.
Evita y los ricos
Con respecto a eso, el libro plantea que una tendencia de la época es hacer foco mediático en los pobres, pero no en los ricos.
-No sólo los medios. Los gobiernos también. Vuelvo atrás: traigamos los discursos de Eva Perón y veremos que todo el tiempo habla de la oligarquía, de los ricos. En esa época el primer peronismo la izquierda y el nacionalismo ponían la lupa en la brutal concentración de la riqueza. Hoy te dicen que el problema es el pibe chorro que se droga, que le roba una cartera a una señora, lo cual es sin duda horrible, pero ¿ese es el problema de la sociedad? Se hacen estudios, estadísticas, trabajos universitarios y de multinacionales sobre qué hacer con los pobres. Pero nadie investiga a los ricos y qué clase de problemas crean al conjunto de la sociedad, como ha quedado demostrado con las crisis económicas, incluso de las potencias, en los últimos años.
Los ricos han sido sostén e ideólogos de las dictaduras, por ejemplo, aunque se habla sólo de los militares. Pero en la etapa actual aparecen casos viejos, visibilizados por los choques con el gobierno: Ernestina Herrera, Héctor Magnetto, los Rocca de Techint.
-Y va a continuar, porque creo que estamos en un proceso de transición entre una vieja y una nueva dominación. En una época la dominación era española. Hubo revoluciones hace 200 años, nuevas ideas, formas de gobierno, y se pasó a una hegemonía británica. Un siglo más tarde también surgieron nuevos partidos, crisis, izquierdas, nacionalizaciones, y se pasó a una dominación norteamericana. Los cambios de dominación producen esos terremotos. El último fue el de 2001 y todavía no vemos muy bien cómo se está acomodando eso. Pero los “españoles” de hoy serían los Menem, Techint, Macri, el pasado. El problema es que, por ser una transición, es un período de confusión.
¿Qué es lo que nos confunde?
-Pensar que nos emancipamos si, en realidad, estamos contribuyendo a construir una nueva dominación. Es muy terrible decirlo así, pero es lo que creo: nadie de nosotros está ajeno a ser dominador y dominado. Alguien puede decir que tiene un patrón, el capital o el Estado que lo controlan, pero también puede tener relaciones de poder con su mujer, sus hijos, sus pares. Ver todo ese problema ayuda a trabajarlo mejor. Ese es mi objetivo.
Me quedé en la confusión. Mucha izquierda setentista frente a la confusión planteaba “cuanto peor, mejor”: que se vean con claridad las formas de dominación, para que la gente “entienda” la realidad. Y fue una masacre.
-Es un discurso horrible, que no comprende que, aunque uno critique, con los gobiernos actuales hay cambios, situaciones mejores, y otras que son iguales. Lo que sí me parece importante es mencionar que el progresismo no es tan progresista en muchas cosas. Si hay una pelea con Clarín, obvio que apoyo a ese progresismo. Por eso digo que en las nuevas formas de dominación hay parte de lo que yo pienso, parte de lo nuestro. Que ha sido tomado, desfigurado, manipulado, lo que vos quieras, pero son materiales que nosotros hemos aportado.
Otra idea: “El mejor momento de los gobiernos progresistas ya pasó. Hasta Evo está teniendo levantamientos porque mucha gente se siente engañada con temas como la nacionalización del petróleo y el gas”. Otra: “Nunca estoy diciendo: los demás están confundidos, yo la tengo clara. Al contrario, soy parte de la confusión, soy parte del problema. Hasta los conceptos que uso no me gustan, pero no tengo otros. La diferencia es que me gustaría aclararme y aclararnos colectivamente, en la actividad conjunta y en la resistencia. Lo que sí me parece es que se viene un mundo y una cotidianidad cada vez más compleja, en la cual está en juego la sobrevivencia de los de abajo como tales”.
La charla es apenas una introducción. Bienvenidos, entonces, a Política & Miseria..
viernes, junio 03, 2011
Política & Miseria: el nuevo libro de Raúl Zibechi (levantado de lavaca.org)
lunes, diciembre 20, 2010
6000 gendarmes + en las calles vs el informe de la correpi
Hoy anuncia CFK que va a mandar 6000 gendarmes más a patrullar las calles de la provincia de BA. Es la misma idea de todo el frente político (con honrosas salvedades) de que + policias es mejor pero no es así: + policias es peor.
ARCHIVO 2010 Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010
ARCHIVO 2010
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010
Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es la sistematicidad.
El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su autoproclamación como gobierno “defensor de los DDHH”, se contraponen los datos concretos que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo.
Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3. No incluimos enfrentamientos reales.
4. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasificamos en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo siguiente.
Algunas conclusiones:
Este año se evidencia un avance cuantitativo y cualitativo en la represión que llamamos “selectiva”, es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. En “democracia”, son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires). Los tres primeros, en marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado cuando, junto a su organización, acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados.
Mucho más ocultas se mantienen las cifras que corresponden a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Es la represión de tipo “preventivo” que se aplica con mayor sistematicidad, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.
Los números confirman que, en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los “presentables” gobiernos “democráticos”, cobró central importancia esta “represión preventiva”, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida, y de invisibilización hacia afuera.
Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.
La distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, ratifica que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y, por lo tanto, tienen una mayor necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los “patas negras”, que quedan equiparados, y hasta superados, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias. Igualmente ilustrativo es el cuadro comparativo de ciudades de con gobiernos locales de distinto signo político.
Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado.
Se observa, a partir del último tercio de los ’90, que los integrantes de otras fuerzas de seguridad, como prefectura naval o gendarmería, aparecen con mayor frecuencia como victimarios. Ello responde linealmente a la creciente presencia de estas fuerzas, otrora limitadas a las fronteras o los cursos fluviales, en el patrullaje urbano, participando activamente en el control territorial. Gendarmería ha sido también, desde mediados de los ’90, la fuerza favorita a la hora de reprimir conflictos sociales, y la preferida en los crecientes procesos de militarización, como en Santa Cruz o el Hospital Francés. Igual camino sigue la Prefectura, cuyo grupo de elite Albatros tuvo intervención en conflictos gremiales como el de los trabajadores pesqueros de tierra en el puerto de Mar del Plata o el del Casino.
No es ajena a este incremento la influencia del entrenamiento y “capacitación” para enfrentar conflictos de baja intensidad, bajo la excusa de la “guerra global contra el terrorismo”, que todas las fuerzas de seguridad, y en particular, sus grupos de choque y desplazamiento rápido, vienen recibiendo, en forma creciente, por parte de EEUU. Además de los cursos, programas de “intercambio”, ejercicios conjuntos y otras iniciativas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado norteamericanos, hay un constante aporte en tecnología y pertrechos.
La creación de policías municipales son un elemento de perfeccionamiento y descentralización de la tarea represiva estatal que permite una mayor efectividad y control sobre los territorios más pobres del conurbano bonaerense.
Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos.
El reciente asesinato de Mariano Ferreyra hace visible el uso de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, “batatas” sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia “privadas”, la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan “batalla entre sectores sindicales”, sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas.
A poco de cerrar la recepción de datos para este Archivo, mientras seguimos preguntando dónde están Jorge Julio López, Luciano Arruga, Luciano González, y medio centenar más de desaparecidos en “democracia”, la policía de Santiago del Estero sumó el nombre de Juan Ramón Díaz, de 23 años, a esa lista.
También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional. Como lo explicaba Rodolfo Walsh hace casi medio siglo, “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”(1) .
Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura(2).
En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Sobre esos inverosímiles suicidios en cárceles y comisarías, decía también Walsh, en el artículo citado: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
1) La secta del gatillo alegre: El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968.
2) Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.
GRÁFICO N°1: Cantidad de casos acumulados por archivo.
El gráfico nº 1 corresponde al acumulado de casos en cada actualización del Archivo, desde la primera publicación en 1996. Cada año, además de los casos ocurridos en los últimos 12 meses, incorporamos otros de los años anteriores, que recién llegan a nuestro conocimiento.
GRÁFICO N°2: Cantidad de casos durante las dos gestiones Kirchner.
Hasta el año pasado, nunca se había superado el total de casos de 2001 (con 39 víctimas, solamente, entre el 19 y 20 de diciembre). En 2009, Cristina Fernández de Kirchner impuso un nuevo récord. Con 997 asesinados durante la presidencia de Néstor Kirchner y 637 en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández, el gobierno inaugurado en 2003 es el que más ha matado, a través de su aparato represivo, desde 1983.
GRÁFICO N°3: modalidades.
Es evidente la supremacía, como modalidad de la represión preventiva, de los fusilamientos de gatillo fácil, seguidos por las muertes bajo custodia.
Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal, así como las desapariciones, especialmente de jóvenes, previamente hostigados por el personal policial;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias, en comisarías o en institutos de menores, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 56 desde 1995. Es importante señalar que, del total de siete asesinados en movilizaciones populares por el gobierno kirchnerista (Cuéllar, Fuentealba, Erazo, Vargas, Cárdenas, Carrasco y Ferreyra), los últimos cuatro ocurrieron durante el año 2010, en enero, junio y octubre.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
GRÁFICO N°4: Víctimas mayores y menores de edad.
El 32% de los casos corresponde a personas de 21 años o menos. Pero si se analizan los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, se constata que apenas un 12% tenían más de 36 años. La joven edad de las víctimas es un claro indicador del contenido de control social de la represión preventiva.
GRÁFICO N°5: Rango de edad de la víctima.
El 52% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. Si se suman los de 35 o menos, se llega al 71%.
La distribución territorial de los casos parece mostrar una hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.
GRÁFICO N°6: Cantidad de casos por provincia.
Pero si se obtiene el índice de casos por millón de habitantes de cada distrito, vemos una imagen bien diferente:
GRÁFICO N°7: Índice de casos por millón de habitantes.
Se revela así que, dejando de lado la colosal supremacía poblacional de la Pcia. de Buenos Aires, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes, detrás de Tierra del Fuego y Santa Fe, gobernadas por el ARI y el Partido Socialista, respectivamente. Esto confirma que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne.
A similar conclusión se debe llegar si se comparan los parciales de diferentes municipios con gobiernos de distintos partidos políticos, como lo muestra el Gráfico nº 8. Peronistas kirchneristas o antikirchneristas, radicales, del Partido Socialista, del PRO, de partidos vecinalistas o “progresistas” con proyección nacional, todos reprimen al unísono, más allá de sus variantes en el discurso, porque todos gobiernan para la burguesía. Nótese el índice del partido de Morón, por ejemplo, superior al de la ciudad de Buenos Aires y parejo con Hurlingham, o los muy elevados de Tigre, Lomas de Zamora y Rosario.
GRÁFICO N°8: Comparación de municipios con gobiernos de distintos partidos (casos por 100.000 habitantes).
Finalmente, el Gráfico nº 9 muestra la proporción entre las distintas fuerzas, con preeminencia absoluta de las policías. Debe repararse en la alta incidencia de la policía federal, responsable por sí sola del equivalente a una sexta parte del conjunto de todas las provinciales. La participación de gendarmería y prefectura se sigue incrementando, a medida que toman más intervención en el patrullaje urbano. La diferencia entre el parcial correspondiente al servicio penitenciario (21%) y las muertes bajo custodia (34%) se debe a que buena parte de esas muertes en calabozos se produce en comisarías.
GRÁFICO N°9: Porcentaje según fuerza.
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