Algunas notas que muestran el proceder delictivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires....
Haciendo escuela (privada) con Macri
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El gasto educativo que prevé el gobierno porteño cae un 2 por ciento. Con una mejora de 200 millones de pesos, alcanza su máximo histórico la asignación para los colegios de gestión privada, en su mayoría ligados a la Iglesia.
En el proyecto de Presupuesto 2009 que presentó el macrismo, el gasto educativo disminuye un 2 por ciento con respecto al total de los fondos. Casualidad o no, es lo mismo que aumenta el dinero destinado a la educación privada: son 705 millones de pesos, 200 millones más que este año. Otra coincidencia, 200 millones es la cantidad que se les recorta a los programas destinados a la urbanización de las villas. Los mayores beneficiados por los subsidios son los colegios confesionales, con los que el macrismo tiene una relación estrecha: como reveló Página/12, el funcionario a cargo del área de educación privada es un delegado del cardenal Jorge Bergoglio.
Macri sigue con la tijera afilada
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Los docentes a cargo de los cursos se concentraron frente al Ministerio de Educación porteño. Reclamaron por el recorte de más de dos mil horas cátedra y la pérdida de validez nacional del título de bachiller que obtienen quienes lo cursan.
El gobierno porteño sigue empecinado en usar las tijeras. Ahora le tocó el turno al programa de educación a distancia Adultos 2000. “El comportamiento de las autoridades de la nueva gestión respecto del programa señala que hay una clara intención de vaciarlo hasta hacerlo desaparecer”, sostuvo el delegado de ATE que integra el grupo de docentes encargados de los cursos, Adrián Sodanelli. Apoyan su denuncia en tres hechos: el recorte de 2040 horas cátedra del presupuesto designado para todo el año; la inhabilitación de partidas para material que se les entrega a los alumnos y otros gastos generales; y la pérdida del plan de estudio del programa que derivó en la no renovación de la prórroga de validez nacional del título de bachiller que obtienen las personas que lo finalizan.
Otro desalojo con topadora
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El predio, ubicado en Caballito, era un baldío hasta que fue recuperado por un grupo de jóvenes. Allí habían montado una huerta orgánica en la que participaban habitantes del barrio; con el argumento de “riesgo ambiental y sanitario”, fue desalojada de madrugada.
El predio de no más de 30 metros por 10, entre una calesita y la plaza Giordano Bruno, a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento, en Caballito, era la Huerta Orgázmika, un espacio en el que un grupo de jóvenes lograron, a través del cuidado de vegetales y producción de alimentos, recuperar un baldío y activar la participación comunitaria que surgió con el reverdecer de las agrupaciones vecinales en 2001. Luego de siete años y medio de vida, una patota de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), apoyada por tres grupos de Infantería y más de 20 efectivos de la Policía Federal, irrumpió a las cuatro de la madrugada, desalojó el lugar y arrasaron con todo a fuerza de topadora. El predio, que pertenece a la Onabe, fue desalojado por decreto, argumentando “riesgo ambiental y sanitario”: había una bañera con plantas acuáticas donde podían criarse mosquitos, argumentaron en el gobierno porteño.
Mauricio Macri agradece por las retenciones
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MACRI, QUE CARAJO ESTAS HACIENDO CON ESTA PLATA ?
TODA INVERTIDA EN DESALOJOS ??
Recibe $ 600 mil por día del fondo que reparte ingresos de la soja. Compensará la menor recaudación y cumplirá con obras en colegios.
En la ciudad de Buenos Aires no se cultiva ni una tonelada de soja. No obstante ello, por las retenciones que se cobran sobre el “yuyo”, Mauricio Macri embolsó medio millón de pesos diarios durante abril, y en lo que va de este mes, su bolsillo engorda a razón de 600 mil por día. El jefe de Gobierno tiene una posición histórica contraria a las retenciones, pero gracias al Fondo Federal Solidario creado por Cristina Fernández para distribuir parte de los derechos a la exportaciones puede disimular el estancamiento de la recaudación de impuestos.
La guerra de los desalojos silenciosos
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Como queremos combatir la inseguridad si dia a dia cientos de familias son pateadas a la calle ?
En un año durante el cual el gobierno porteño aplicó su política de “desalojos silenciosos”, la cantidad de sin techo en la ciudad de Buenos Aires pasó de 1000 a 1950 y hay 22 mil personas en situación de desalojo.
“Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos.” La trágica ironía verbal que expuso, a principios de año, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se va cumpliendo, con creces, en una realidad cotidiana que multiplica los desalojos que, sumados a la crisis económica, arrojan a la calle a miles de personas. Un relevamiento realizado el lunes 27 de abril por personal del propio gobierno porteño reveló que hay 1950 personas durmiendo en la calle, cifra que duplica la que se había registrado el año pasado, para la misma fecha, cuando todavía no se aplicaban las drásticas y “silenciosas” medidas dispuestas por el macrismo. El dato, al que pudo acceder Página/12 por fuera de la estructura de prensa del gobierno de la ciudad, fue acompañado por otras apreciaciones que indican que hay cerca de 22 mil personas que viven en la ciudad y que han perdido o están en peligro de perder las viviendas que habitan.
Macri ya tiene su denuncia penal
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EL CASO DEL BEBE MUERTO EN UN CENTRO DE EVACUADOS
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; los ministros porteños de Salud, Jorge Lemus, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal y el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Jorge Apelbaum, fueron denunciados penalmente por desobediencia e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es que, tras no haberse presentado ante el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo para brindar explicaciones sobre incumplimientos en la prestación de servicios en el centro de evacuados, donde fueron alojados los habitantes de Villa Cartón luego de que se incendiase y donde el 13 de agosto falleció un bebe de cuatro meses, la asesora tutelar Laura Musa y el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez presentaron la denuncia “en virtud de la resistencia a las medidas adoptadas en la causa” y solicitaron su traslado al fuero penal.
Macri tiene una semana para asistir a 600 menores adictos al paco
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El Gobierno porteño tiene ese plazo para cumplir con un fallo judicial de fines de 2008 que lo obliga a dar asistencia a todos los jóvenes en "situación de pasillo". Sin embargo, estudian apelar.
Cuando falta menos de una semana para que el gobierno porteño decida si rechaza o cumple con el fallo judicial de la magistrada Andrea Danas, que le ordenó a fines de 2008 “garantizar la salud de todos los jóvenes adictos al paco en un plazo de noventa días”, una alta fuente de los tribunales de la ciudad confió a este diario “que existen alrededor de 600 casos confirmados de chicos en situación ‘de pasillo’, que pasan sus días diseminados en todas las villas y núcleos habitacionales transitorios de la Capital Federal”.
33 días de vacaciones, y contando
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Desde el 25 de Septiembre del 2008 al 22 de Enero del 2009, o sea, en solo 4 meses de trabajo el Jefe de Gobierno Mauricio Macri ya se tomo 33 dias de vacaciones disimuladas en escapadas de trabajo.
“Mejoran la calidad de vida”, se le escuchó decir al jefe de Gobierno sobre las playas porteñas que inauguró. Pero él eligió otros destinos algo más glamorosos para sus vacaciones encubiertas. Mauricio Macri lleva acumulado un mes de vacaciones, entre escapaditas y desapariciones sottovoce a Río de Janeiro o Punta del Este, e incluso un viaje publicitado como oficial que tuvo escala en el centro de esquí estadounidense de Aspen, donde el jefe de Gobierno estuvo con su pareja. El jueves pasado, con la misma táctica, Macri se escabulló en un jet privado hacia un gigantesco parque paradisíaco al sur de Chile, donde lo recibió con los brazos abiertos el magnate Sebastián Piñera, ex candidato a presidente de la derecha chilena.
Historia de ausencias
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No estuvo en 40 de 43 sesiones del cuerpo que preside. Tampoco pidió licencia. El macrista Diego Santilli es quien ejerce de hecho su función.
Entre los hechos y el discurso suele mediar un abismo. Gabriela Michetti, la vicejefa de Gobierno porteño, ha estado ausente en 40 de las 43 sesiones de la Legislatura que se realizaron entre el 13 de diciembre de 2007 y el 6 de noviembre pasado, cuando se desarrolló la última. Página/12 averiguó que no presentó un pedido de licencia ante el cuerpo y que sus reiteradas faltas fueron cuestionadas por los diputados de la oposición en el recinto. En declaraciones recientes, la segunda autoridad de la ciudad de Buenos Aires declaró que se había privado de ciertos placeres domésticos desde que inició su tarea en el edificio del ex Concejo Deliberante. “Me hubiese gustado no dejar de cocinar. Hasta que empecé en la Legislatura, el 90 por ciento de las cenas las hacía yo. También perdí juntarme con amigas a tomar un café y charlar un rato”, le dijo la semana pasada a la revista Viva.
Operaciones sospechosas
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La AFIP respondió a la justicia que De Narváez no puede justificar un incremento de 900 por ciento de su patrimonio en el último lustro. Esos fondos provienen de fideicomisos de existencia no probada, en paraísos fiscales. Entre ellos, préstamos por millones de dólares de uno de sus hijos, cuyos ingresos anuales no pasan de 25.000 pesos. Estas operaciones sospechosas darán lugar a una denuncia ante la UIF, que investiga el lavado de dinero.
Francisco de Narváez no puede justificar un incremento patrimonial del 900 por ciento en el lustro 2004-2008, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos al fiscal federal de Mar del Plata Claudio Rodolfo Kishimoto, quien había abierto una investigación sobre el filántropo colombiano. Los incrementos patrimoniales no justificados a partir de 2005 se deben al ingreso de fondos del exterior provenientes de fideicomisos cuya existencia el ente recaudador no considera probada. Según la AFIP se trata de operaciones sospechosas que deberán ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que se encarga de perseguir las operaciones de lavado de dinero de origen ilegal.
“Haciendo Buenos Aires” con el sello Macri
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A un año de la asunción del líder de PRO como jefe de gobierno, dos especialistas analizan lo que prometió, lo que hizo, lo está haciendo y lo que dejó pendiente en materia de obras y servicios públicos. Más en el debe que en el haber.
El día anterior a que Macri fuera a la Legislatura el 1° de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias, había llovido torrencialmente en Buenos Aires, inundando diversos barrios de la ciudad. En esa ocasión prometió resolver cuanto antes la situación. Hace menos de un mes llovió menos que aquel día y el resultado no pudo haber sido peor: hubo más barrios inundados y en algunos de forma más aguda. Este sería el rasgo más perdurable de este año de gestión: la enorme distancia entre la palabra y la acción sumado a querer justificar dicha inoperancia ligándola a una conjura global pergeñada por el gobierno nacional, los sindicatos, la Justicia local y los movimientos sociales. El segundo rasgo distintivo es haber subejecutado las partidas de inversión pública y haber incrementado fuertemente el gasto corriente.
Cambio de rubro en Puerto Pibes
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¿Como podemos pretender que los niños y adolecentes no se vean arrastrados al delito si desde el Gobierno de la Ciudad se toman decisiones como esta ?
Es un hogar que albergaba a 120 chicos, pero ahora sólo quedan 30 plazas. Y viene siendo desmantelado. Desde la semana pasada, las instalaciones son compartidas por gente armada. El gobierno porteño no informó oficialmente de qué dependencia se trata.
El hombre a cargo se presentó como un tal “comisario Ferrón”, vestía borceguíes, uniforme azul y llevaba un arma en uno de los costados de su cintura y un cuchillo tipo Rambo del otro. “Podemos convivir”, les dijo a sus interlocutores de Puerto Pibes, un complejo del gobierno porteño donde niñas, niños y adolescentes desamparados realizan actividades recreativas y culturales. El tal Ferrón nunca mostró sus credenciales, pero aseguró que el plan de sus superiores era convertir ese predio cercano a Parque Norte en una “central de operaciones” de la inminente policía metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya no son únicos ni privilegiados
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Como pretender que los niños no caigan en el delito si se los echa a la calle ?
El Foro por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad pidió un informe al gobierno porteño sobre el cierre de paradores para chicos en situación de calle, programas discontinuados y precarización laboral de los profesionales del área.
“Cuando los operadores se encuentran con chicos en situación de calle, no tienen demasiadas opciones: a veces tienen que dejarlos en Constitución o llevarlos hasta la provincia, si su familia vive fuera de la ciudad. Muchos operadores no pueden trabajar en estas condiciones y están pidiendo pase a otros sectores.” La situación, relatada por una empleada del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, da cuenta de la nueva situación generada por el cierre de paradores para chicos de la calle y por la suspensión de programas vinculados con los derechos de los chicos, que no fueron reemplazados por otros. “Hay ausencia de gestión”, afirmó el abogado Gustavo Gallo, uno de los voceros del Foro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad que le reclaman al gobierno de Mauricio Macri un informe sobre las políticas en esa área. El titular del Consejo, Jorge San Martino, rechazó los cuestionamientos, deslindó responsabilidades en otras áreas del Estado porteño y adelantó que en una semana comenzará a responder el pedido de las organizaciones.
El policía de Macri
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El comisario mayor retirado estaba al mando de un operativo en la cancha de Huracán el 25 de junio de 2005, cuando la hinchada de Defensores de Belgrano fue apaleada. Un chico de 17 años murió a causa de los golpes, en lo que se caratuló como “homicidio culposo”.
El comisario mayor retirado Carlos Arturo Kevorkian fue designado el 23 de abril como coordinador general de la Policía Metropolitana sin que se reparara en un dato esencial: está imputado en un sumario disciplinario de la Policía Federal por serias irregularidades en un operativo a su cargo y que ocasionó la muerte de Fernando Blanco, de 17 años, hincha de Defensores de Belgrano. El 25 de junio de 2005, la víctima sufrió graves heridas mientras lo detenían a la salida de un partido de fútbol. Dos días después falleció. Casi cuatro años más tarde, al nuevo funcionario lo espera un destino jerárquico superior al de una comisaría. Tiene que poner en funcionamiento la nueva fuerza de la ciudad. Acaba de ser nombrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño por la Resolución 330, que se difundió en el Boletín Oficial.
Macri también tendrá su paredón
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Además de desalojar el complejo Puerto Pibes para que lo ocupe la nueva policía, el gobierno de Macri levantará un muro para separarlo de una escuela adonde concurren chicos de la Villa 31 Bis.
Otra vez la construcción de un muro buscará ocultar a los excluidos de quienes pretenden excluirlos. La iniciativa es tan o más polémica que la del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien levantó un paredón para separar parte su distrito del de San Fernando por razones de “seguridad”. El objetivo de este nuevo muro es dividir el predio de 15 hectáreas que compartían una escuela pública, donde concurren chicos y chicas de la Villa 31 Bis, y el complejo Puerto Pibes, donde suelen acampar, recrearse y aprender miles de jóvenes de todo el país. El motivo también es la “seguridad”. El colegio seguirá abierto pero Puerto Pibes será desalojado entre julio y diciembre de este año para darle lugar a un “centro de inteligencia” de la inminente policía metropolitana, que no portará armas de juguete, precisamente.
Los veintiséis pesados de Macri
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Se especializan en desalojar a indigentes de espacios públicos y de edificios. Su característica es “tener calle”, su legalidad es tenue, sus uniformes son oscuros y sus acciones ya terminaron en la Justicia por varias denuncias. Los nombres y los antecedentes de los pesados que hacen tareas sucias para el PRO.
La Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) que participa en operativos nocturnos contra personas en situación de calle y desalojos compulsivos en edificios ocupados por familias humildes, tiene veintiséis integrantes y un arrepentido que se vio obligado a abandonarla después de recibir una paliza de algunos compañeros, según se desprende de un listado al que accedió Página/12. Luis Savoiardo, alias el Tano, conduce de facto esta patota. Es uno de los empleados que en junio del año pasado participó de una gresca cuando el gobierno de Mauricio Macri intentaba desalojar las carpas kirchneristas de Plaza Congreso. En total, son cuatro los Savoiardo que forman el grupo: Jonathan, árbitro de las Divisiones Inferiores de la AFA; Marcelo, almacenero, y Romina, la única mujer de la unidad que depende del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. También hay choferes de camiones y colectivos, un zapatero, un verdulero y un instalador de membranas de techo.
El Gran Hermano de Macri
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Esto es peligrosisimo !! Atencion !!!
Raúl Rosa, un ex agente de la SIDE vinculado con Patti, defendió los detalles del proyecto macrista ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña. Su tratamiento quedaría para después de las elecciones. El rechazo de la oposición.
El gobierno porteño insiste con su proyecto de crear una nueva Dirección de Inteligencia Criminal. Raúl Rosa, un ex agente de la SIDE promovido por el ex comisario Luis Patti en el apogeo del menemismo, es el padre de la idea y, como tal, volvió a reivindicar su criatura durante una reunión de asesores de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña. Para ser más ilustrativo, lo hizo mediante una exposición con Powerpoint. “Queremos que salga la ley”, dijeron los hombres del PRO que defienden la norma presentada en noviembre pasado por los diputados oficialistas Cristian Ritondo y Víctor Daniel Amoroso, como ya informó Página/12.
El peor ejemplo
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MACRI PIDIO QUE SE PRIVATICE AEROLINEAS
Pasaron casi veinte años desde que se sancionó la Ley de Reforma del Estado, que habilitó la privatización de las empresas públicas. El listado incluyó a ENTel, Segba, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, YPF, ferrocarriles, subtes, puertos, rutas, canales de televisión, radios y el correo. Los activos se remataron a precio de liquidación. Fue una oportunidad única para capitales nacionales y extranjeros que vieron a las licitaciones como un coto de caza. Los años demostraron que en muchos casos la gestión privada no sólo no mejoró el servicio, sino que lo empeoró, obligando al Estado a retomar el control. Mauricio Macri tuvo un papel protagónico en esa etapa de desguace, ya que junto a su padre Franco obtuvo la concesión de distribuidoras de gas, corredores viales y el correo. En todos los casos incumplió los planes de inversión. Sin embargo, ayer pareció olvidar lo ocurrido en veinte años y se manifestó a favor de una vuelta de las privatizaciones. Eligió el peor ejemplo para justificar su pedido. Lo hizo argumentando en contra de la gestión pública que comanda desde hace pocos meses Aerolíneas Argentinas, una compañía que fue vaciada por el capital privado antes de su estatización.
Procesan a Mauricio Macri por contrabando
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Lo acusan de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados. Socma dijo que todas las operaciones se hicieron con conocimiento de la Aduana. Dicen que la evasión fue de 14 millones de pesos. Francisco Macri está procesado en esta causa
El presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue procesado por el juez en lo penal económico Carlos Liporace por contrabando, al responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay.
Su padre, Francisco Macri ya se encuentra procesado en esta causa y tiene un embargo de 4.900.000 pesos. El mismo embargo dispuso el juez para su hijo Mauricio.
Jorge Aguado, responsable de Relaciones Institucionales del grupo Socma, señaló que el procesamiento es "sólo un trámite procesal", como consecuencia de lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en octubre pasado.
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