¿La deuda externa es de lesa humanidad? (criticadigital.com)

Piden reabrir la causa y argumentan que el endeudamiento necesitó crímenes y desapariciones. Involucran al Deutsche Bank y al Citi.

Martina Noailles

15.10.2008

“El terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas para imponer, sin resistencias, su modelo económico. El móvil de esos delitos de lesa humanidad fue la liberación de la economía, imposible sin la deuda externa.” Con ese argumento, un grupo de abogados pedirá la reapertura de la causa que ocho años atrás determinó la ilegitimidad del endeudamiento durante la dictadura. Aseguran que se trata de un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, no está prescripto.

La Comisión de Campo de Mayo –organismo que reúne a ex detenidos desaparecidos, militantes y abogados– planteará ante el juez federal Jorge Ballestero el desarchivo del expediente que él mismo cerró en el año 2000, para que se juzgue a los funcionarios del gobierno de facto responsables de favorecer a una larga lista de empresas a costa del Estado.

Entre esas compañías que licuaron sus deudas entre 1976 y 1983 se encuentra el Deutsche y el Citibank, dos de los tres bancos que presentaron la propuesta de canje de deuda a la que apuesta la Casa Rosada para despejar parte de los vencimientos de 2009.

Además de estas dos empresas, la investigación de Ballestero determinó que hubo al menos otras sesenta –la mitad de ellas, entidades financieras– que se beneficiaron con las maniobras fraudulentas de la dictadura. En la lista están incluidas Celulosa Argentina, Banco Río, Banco de Galicia, Alpargatas, Banco Francés, IBM, Mercedes Benz, Esso, Ford y Fiat.

Las auditorías que se realizaron en aquella causa determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. También dejaron al descubierto el mecanismo del fraude: una empresa pública, como por ejemplo YPF, pedía préstamos que no necesitaba porque la Secretaría de Programación Económica había fijado un cupo de endeudamiento que se debía tomar. Esos fondos iban a parar al Tesoro nacional para sostener la tablita cambiaria. Entonces venían capitales de afuera, cambiaban dólares por pesos, los depositaban a tasas mensuales del 20%, lo volvían a cambiar por dólares y se lo llevaban. El 40% de la deuda se fugó al exterior.

“Era un gran negocio que pagaba el Estado. Los empresarios tomaron esta facilidad que les dio el gobierno militar para fraguar préstamos. Fue un festival de autopréstamos e ilícitos de diversa naturaleza”, explicó el investigador Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien realizó en 1982 la primera denuncia para determinar la ilegitimidad de la deuda.

Si la causa se reabre, además de a los directivos de aquellas compañías, los abogados reclamarán que se cite a los funcionarios que “por acción u omisión” fueran responsables del endeudamiento. El primero en la lista es el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Pero también pedirán que se indague al entonces presidente del Banco Central, Adolfo Diz; a su segundo, Leopoldo Portnoy; al presidente de YPF Juan Bustos Fernández, y a José Luis Machinea, quien fue gerente de Finanzas Públicas del Banco Central y, según los denunciantes, “no pudo desconocer las maniobras”.

Los abogados no sólo quieren que se juzgue a los responsables sino también “que la sociedad sepa qué hicieron con nuestro dinero, cómo nos endeudamos, por qué hoy tenemos un 20% de indigencia”. Y argumentan que, “para determinar el móvil de un homicidio, los investigadores se preguntan quién se beneficia con esa muerte. Aquí la pregunta es quién se benefició con el terrorismo de Estado. La respuesta es simple: los empresarios nacionales e internacionales que lograron ganancias extremas a costa del pueblo argentino. Por eso consideramos que esta defraudación es un delito de lesa humanidad”.

El organismo también realizará una presentación ante el Congreso de la Nación para que declare la ilegalidad de la deuda. Es que al establecer la prescripción de la acción penal, que se cerró sin condenados, el juez Ballestero remitió copia de su fallo al Parlamento para que “determine las responsabilidades políticas en la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que tendía, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados y que puso de rodilla al país”. Sin embargo, en estos ocho años ningún diputado ni senador tomó el tema.